Fallida gestión del gobernador Rogelio Ortega Martínez, señala el litigante y coordinador el Consejo de Juristas del Estado de Guerrero
Alfredo Pérez Zárate
La gestión de Rogelio Ortega Martínez está por culminar con consecuencias funestas para toda la población guerrerense, que ve cumplidos los pronósticos más negativos que se veían venir con una administración que pregonó la tolerancia extrema.
Estas consecuencias, como salta a la vista, provocaron una crisis de gobernabilidad en la que más de 15 mil trabajadores al servicio del estado terminaron estallando un paro en demanda de un pago de bonos y otras prestaciones que figuraban como un compromiso del contrato colectivo de trabajo firmado entre el gobierno del estado y los trabajadores.
A esta crisis, cuya expresión más visible se observó ayer con la protesta del sector laboral, se suma la demanda de diferentes grupos sociales como los jubilados, discapacitados, demandantes de servicios que han visto postergada la respuesta oficial una y otra vez.
El colmo es que la molestia de los trabajadores del sector oficial se produce en momentos previos al aniversario de la masacre de Iguala, los próximos días 26 y 27 de septiembre, cuando los estamentos más precarios de la comunidad guerrerense se aprestan a conmemorar el primer aniversario de ese infame episodio violento de Guerrero, con respaldo de una amplia gama de sectores de la sociedad nacional.
Si bien el proceso electoral resultó más o menos limpio, sólo con la violencia estallada en Tlapa, ello se debió a que los grupos radicales decidieron finalmente dejar a la población votar en paz, pero jamás por la intervención de Ortega Martínez.
Pero más temprano que tarde trascendió públicamente que el gobernador Ortega Martínez desvió recursos públicos para apoyar a los candidatos de la izquierda, señaladamente a Beatriz Mojica y a Evodio Velázquez, a quienes operó políticamente para que pudieran derrotar al candidato del PRI, Héctor Astudillo Flores, lo que logró sólo parcialmente.
Es decir, sus maniobras ayudaron a Evodio para llegar a la alcaldía, pero no le alcanzaron para hacer ganar a Beatriz. Esa especie la propagó el mismo gobernador Ortega durante un evento partidista público en el que reconoció que hizo ganar a Evodio. ¿Cuánto costó el chistecito al presupuesto público?
La consecuencia evidente es que ese desvío de recursos públicos, como seguramente se conocerá públicamente -en cuanto Astudillo Flores haga el respectivo arqueo de las finanzas públicas- impactó en negativo a todos los demás rubros de atención a la sociedad que estaban pendientes de cubrirse, como es el caso del pago de bonos productivos a los trabajadores del estado, la cobertura de gastos y necesidades del área de Desarrollo Social y, por supuesto, la atención a necesidades urgentes como el combate al dengue y la chikungunya.
El resultado es lo que ya estamos vislumbrando: un estado quebrado en sus finanzas públicas -quiebra que Ortega pretende facturar a gobiernos anteriores-, un arreciado clima de protestas y, más adelante, la anarquía y la disolución social.
¿Esto es lo que Ortega pretendía desde el principio, o es la falta de resultados de su gestión?