Representantes de Naciones Unidas (ONU) dirigieron al Estado mexicano un oficio para esclarecer la represión sufrida por colectivos de familiares de desaparecidos de Guanajuato que posteriormente fueron reprimidos por policías estatales e incluso fueron encarcelados.
Los representantes del organismo internacional piden información sobre la detención de Gisela Verenice Olimpia Montoya, Carla Verónica Martínez Jiménez y Verónica Durán Lara, que buscan a sus familiares desaparecidos, y la activista María del Carmen Ramírez, quienes fueron golpeadas y posteriormente detenidas por los agentes de la policía de Guanajuato.
La orden se da para evitar impunidad, pues la Fiscalía General del Estado de Guanajuato quiso archivar las investigaciones contra los policías. Sin embargo, la jueza Liliana Martínez Sandoval revocó esta decisión y ordenó que se reactive la investigación para determinar si hubo abuso de autoridad, así como revisar la cadena de mando para saber quiénes fueron los responsables.
Las acusaciones contra las mujeres fueron retiradas tres meses después de los hechos. En un principio, los colectivos acordaron levantar el plantón que mantenían en Guanajuato a cambio de que el gobierno de Diego Sinhué organizara mesas de diálogo y retirara los cargos. Sin embargo, las mujeres tuvieron que pasar varios meses con la acusación encima.Alberto Pradilla | ANIMAL POLÍTICO