Bajo la consigna ’pensiones ganadas, no pensiones doradas’, decenas de trabajadores jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se manifestaron la mañana de este miércoles 15 de abril frente a las sedes del Poder Judicial de la Federación en Jalisco. La movilización tuvo como objetivo principal la presentación de los primeros amparos contra las recientes modificaciones al artículo 127 constitucional, las cuales establecen un tope a las pensiones de organismos públicos federales equivalente al 50% del salario de la mandataria federal, fijando un límite promedio de 75 mil pesos mensuales.
Los inconformes, concentrados sobre el Anillo Periférico, denunciaron lo que consideran un abuso de autoridad disfrazado de política de austeridad. A través del ingeniero Juan Carlos Aréchiga, quien dedicó más de tres décadas de servicio a la paraestatal, el grupo de jubilados expresó que, si bien comparten los ideales de equidad promovidos por el Gobierno Federal, la aplicación de esta medida —vigente desde el pasado 11 de abril— representa una violación flagrante a sus derechos adquiridos. Los manifestantes sostuvieron que sus jubilaciones no son un privilegio, sino el resultado de esquemas contractuales legítimos y el cumplimiento cabal de los requisitos de ley tras una vida de trabajo.
Aréchiga calificó de "aberración" el descuento proyectado a sus ingresos, argumentando que la narrativa gubernamental de ahorro vulnera sus derechos humanos como personas de la tercera edad al pretender arrebatarles una remuneración obtenida mediante el esfuerzo y la superación personal. En este sentido, los afectados advirtieron que mantendrán una defensa legal permanente para evitar que los recortes se hagan efectivos en los pagos que reciben cada catorce días.
En el ámbito jurídico, el abogado Rubén Martínez Bocanegra, representante del grupo, detalló que la estrategia legal consistirá en la presentación escalonada de amparos ante los Juzgados de Distrito, fundamentando la defensa en violaciones gravísimas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Según el litigante, la reforma transgrede el artículo 1 constitucional en materia de derechos humanos, el artículo 14 respecto a la irretroactividad de la ley, y el artículo 16 sobre seguridad jurídica. Martínez Bocanegra subrayó que las pensiones de la CFE fueron otorgadas bajo la Ley Federal del Trabajo y cuentan con dictámenes que tienen categoría de "cosa juzgada", integrándose ya al patrimonio personal de los ex trabajadores.
El impacto de esta reforma constitucional no es menor; se estima que en todo el país existen 12 mil 500 jubilados de la CFE en riesgo de ver reducidos sus ingresos.
Tan solo en el estado de Jalisco, la cifra de perjudicados asciende a aproximadamente tres mil personas, quienes acudieron a los tribunales federales como su última instancia para frenar lo que consideran un atropello a la legalidad y a su estabilidad económica.