Hoy en día es se ha vuelto más común que haya injusticias hacia quiénes no pueden defenderse, quienes no tienen el amparo de algún amigo o familiar influyente, o simplemente, de quien no tiene dinero.
He ahí el caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y de maestros incrustados en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), quienes bajo el pretexto de exigir justicia por el atentado sufrido el pasado 26 y 27 de septiembre, cometen toda clase de delitos, que van desde organización delictuosa, barbarie, ataques a las vías de comunicación, robo y toma de instalaciones públicas y privadas.
Ni a los normalistas ni a los cetegistas se les aplica la ley como debiese. Cuando son detenidos, el propio gobierno acepta dejarlos libres. ¿Se negocia la ley?
Todo lo anterior viene colusión porque hace aproximadamente un mes los jubilados y pensionados de Acapulco bloquearon la Costera Miguel Alemán, a la altura del Zócalo, para exigir que se les pagara el pago oportuno de su pensión y también el pago de la segunda parte del aguinaldo, que aún no se les pagara.
A raíz de eso, el líder de los jubilados y pensionados, Feliciano Pérez Jiménez, fue acusado por el Ayuntamiento de Acapulco por el delito de obstrucción a las vías de comunicación, por lo que le resultó una orden de aprehensión.
Ante tal panorama, Pérez Jiménez tuvo que recurrir a un amparo ante el Juzgado de Distrito Judicial de Tabares, mismo que se lo concedió bajo el folio 04758.
Es por eso que, mientras no se aplique la ley, se seguirán cometiendo toda clase de injusticias hacia el pueblo.