Maullidos Urbanos
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La presunta propuesta de Joaquín El Chapo Guzmán de que su fortuna, calculada en doce mil millones de dólares –aproximadamente 240 mil millones de pesos, una cantidad nada despreciable, sea repartida entre comunidades indígenas mexicanas ha levantado una gran expectación entre diversos sectores sociales y políticos del país.
Hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia mañanera, admitió que "le gustó" esa declaración emitida por los abogados del narcotraficante, ya que aparentemente desea que su dinero sirva para mejorar a las comunidades indígenas en el país, aunque no resultará tan sencillo concretar esa propuesta.
Recuérdese que el 17 de julio, el exlíder del Cártel del Pacífico fue condenado a una cadena perpetua con más 30 años adicionales por un juez federal de Nueva York, tras haber sido encontrado culpable de los diez cargos que se le imputaban, entre ellos la participación en una empresa criminal continuada y cargos de tráfico de drogas
Por ello el gobierno de Estados Unidos ha planteado que al recuperar la fortuna del excapo sinaloense deberá ser para esa nación, aunque desde México han surgido voces para entablar una negociación y acordar una repartición de esos recursos, bajo la idea no expresada abiertamente de que una parte de esa fortuna es mejor que nada.
Sin embargo, antes de pensar en negociar el reparto y distribución de esa supuesta fortuna debe tenerse presente la receta para guisar un conejo: primero se necesita tener el conejo para ver cómo se va a cocinar. Es decir, hasta el momento se desconoce dónde se encuentran esos miles de millones de dólares.
Por supuesto la fortuna del Chapo no existe en dinero en efectivo, sino debe mantenerse en inversiones, propiedades, negocios y, por supuesto, gran parte de todo ello no está a su nombre sino a sus familiares y personas cercanas y de su total confianza, por lo que primero deberá ubicarse todo ello para ser identificado y lograrse su recuperación.
En este caso sí procede el propósito de la Ley de Extinción de Dominio, es decir que pasaría a ser propiedad de la nación por haber sido confiscado legalmente, no como se pretende apropiarse de bienes de personas que continúan en juicio, es decir sin sentencia.
Pero, reitero, primero debe ubicarse esa fortuna y luego iniciar el proceso legal para su decomiso, pero tampoco debe olvidarse que esos recursos tienen un origen en muchos casos, manchados de sangre por la violencia del Cártel de Sinaloa por el tráfico de drogas.