De acuerdo al decreto 771 establecido por el Congreso de Guerrero, en septiembre pasado, que indica la conformación de un órgano de control conformado a través de una convocatoria, en el que puedan participar la ciudadanía en general; ésta ya fue aprobada por el Cabildo de Acapulco, informó la síndica procuradora, Leticia Castro Ortiz.
Entrevistada luego de la toma de protesta del Comité de Seguridad Ciudadana, Castro Ortiz manifestó que será la Comisión de Gobernación municipal, que es conformada por ocho ediles y la síndica, quienes seleccionarán al próximo Contralor de Acapulco, por lo que de manera inevitable será relevada Areli Ascencio, quien actualmente funge en dicho puesto.
Leticia Castro refirió que las dos principales funciones del contralor serán la de ser vigilante de la transparencia de los funcionarios públicos y que su actuar esté dentro de la legalidad, por ello los aspirantes deberán tener un currículum basto y adecuado, además del compromiso con la ciudadanía que son la parte fundamental de la Cuarta Transformación y renacer de Acapulco.
Dentro de los requerimientos que marca la convocatoria, próxima a lanzarse en dos diarios de mayor circulación en el puerto son: tener título y cédula profesional, no tener antecedentes penales, ser guerrerense de nacimiento, radicar en el destino turístico, tener experiencia contable y fiscalizadora.
Lo anterior, además de presentar un proyecto de trabajo conveniente para erradicar la corrupción, que es el principal ’Talón de Aquiles’ no sólo en Guerrero sino del país, tal y como lo ha plasmado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Lety Castro indicó que la importancia de que el contralor no sea seleccionado por "dedazo" es que la ciudadanía tenga certidumbre que en caso de malversación, omisión o corrupción, a éste no le tiemble la mano para fincar responsabilidades sea quien sea, contra cualquier funcionario que incurra en un acto ilegal en perjuicio del pueblo acapulqueño.
Cabe señalar, que este martes, diputados del Congreso de la Unión, aprobaron la reforma al Artículo 19 constitucional, el cual ya tipifica como delito grave la corrupción en cualquier ámbito de gobierno, lo que permitirá que todo servidor público que le sea comparado dicho cargo, irá directamente a prisión, sin la posibilidad de salir bajo fianza.