Nancy Flores | CONTRALÍNEA
Carlos Salinas de Gortari, quien gobernó el país entre diciembre de 1988 y noviembre de 1994, es uno de los cinco expresidentes que podrían ser juzgados y encarcelados por su larga lista de actos de corrupción mientras gobernó; Salinas marcó el inicio a la privatización de bancos e industrias nacionales, casi arrasó con las empresas públicas, comenzando su gobierno con un magnicidio jamás esclarecido.
Por primera vez en la historia de México, un expresidente podría ser llamado a declarar ante el Ministerio Público por el delito de corrupción. Ello, después de la denuncia de la Fiscalía de Chihuahua en contra del abogado Juan Collado Mocelo, por un contrato inexistente donde se habrían desviado más de 13 millones de pesos durante la administración del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.
Salinas es responsable de la más profunda privatización de bienes e industrias nacionales: de 1 mil 150 empresas públicas que existían en 1982, al terminar su sexenio –en 1994– sólo quedaban 200, de acuerdo con el investigador Pablo Moctezuma Barragán
Durante su administración se concretó la privatización de los bancos, iniciada de 1991 a 1992, en un proceso de ’indemnización en excelentes condiciones’ para Bancomer, al que se le dieron 52 mil 724.9 millones de pesos; Banamex, 47 mil 153.1 millones, y Serfín, 18 mil 292.4 millones, ’una vez pasada la nacionalización, en lugar de darles a cada uno 19 mil 845.6 millones; 20 mil 301.3 millones y 7 mil 89.6 millones de pesos, respectivamente’. Además, quedaron exentos del pago de impuestos, documentó el economista Miguel Enrique Berumen Barbosa.
Salinas también remató Telmex. En su ensayo Teléfonos de México: modernización, privatización y nuevas relaciones laborales, el doctor Ignacio Medina Núñez da cuenta de que esa privatización la anunció el entonces presidente en una asamblea general del Sindicato de Trabajadores de la República Mexicana, el 18 de septiembre de 1989, y la venta se concretó un año después. Detrás de este remate, como de muchos otros, estuvo el entonces secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella. Éste recomendaba ’reestructurar las grandes empresas y compañías del sector público en sectores importantes, antes de privatizarlas’. El cambio principal había sido la desaparición de los 57 convenios departamentales para consolidar uno solo en una relación laboral más flexible.
’Salinas remató Telmex. El operador fue el entonces secretario de Hacienda, Pedro Aspe, quien recomendaba ’reestructurar las grandes empresas y compañías del sector público en sectores importantes antes de privatizarlas. Este negociazo es símbolo de la profunda desigualdad que impera en México’.
Al paso de los años podemos apreciar el impacto nocivo para la sociedad mexicana de este negociazo, símbolo de la profunda desigualdad que impera en México. Sin duda, el emporio de Carlos Slim sentó sus bases con aquel remate de esa empresa nacional.
Otros crímenes por los cuales sería juzgarse a Salinas tienen que ver con la profunda corrupción que imperó en su gobierno, encabezada por su clan familiar. Para muestra sólo bastaría asomarse al manejo ilícito de la extinta ’partida secreta’ de Los Pinos, operada en forma discrecional por Raúl Salinas de Gortari, quien trasegó cientos de millones de pesos del erario a cuentas en el extranjero de la familia presidencial.
En el expediente en contra del contador Gómez Gutiérrez están relacionados directamente los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari por el uso indiscriminado e ilegal que hicieron de la ’partida secreta’, operada desde Los Pinos, y mediante la cual se desviaron miles de millones de pesos del presupuesto público en los 6 años del gobierno salinista.
Incluso en el gobierno de Fox se extraditó de Estados Unidos al excuñado de Raúl Salinas, Juan Manuel Pasalagua Branch (10 de agosto de 2005). A éste se le ubicaba como el máximo operador de la corrupción en la entonces Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo).
Además está el tema social. Para muestra sólo recordar el doble discurso de Salinas en torno al levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
’El 13 de enero de 1994, aproximadamente a las 13:30 horas tropas del Ejército federal violaron el cese al fuego ordenado por el Ejecutivo federal, Carlos Salinas de Gortari, cuando atacaron a una unidad zapatista en un lugar cercano a la comunidad de Carmen Pataté, municipio de Ocosingo, Chiapas. Tropas federales transportadas en 10 camiones del Ejército y con apoyo de helicópteros artillados y aviones intentaron penetrar en nuestras posiciones y fueron rechazadas por los fusiles zapatistas. Las tropas federales empezaron a detener civiles de las poblaciones cercanas al lugar del enfrentamiento, seguramente con intenciones de ejercer represalias o para presentarlos como combatientes zapatistas prisioneros, como ya ha hecho antes’. Aquello ocurría apenas un día después de que el presidente se había comprometido a resolver el conflicto por medio del diálogo y la no violencia.
Por ello, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN llamó ’al pueblo de México y a los pueblos y gobiernos del mundo para no dejarse engañar por las declaraciones del gobierno federal que, como muestran los acontecimientos de hoy, no pasan de ser palabras de engaño’.
No pasará desapercibido el magnicidio de Luis Donaldo Colosio. El político priísta fue ejecutado en el marco de la contienda electoral por la Presidencia de la República el 23 de marzo de 1994, durante un mitin en Tijuana, Baja California.Nancy Flores | CONTRALÍNEA