Acusado de violentar reglamentos internos y de actuar manera discrecional, el Magistrado José Luis Vargas fue destituido ayer como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Cinco de los siete magistrados de ese organismo votaron por la remoción del Magistrado Vargas a solo nueve meses de que asumió las riendas del Tribunal Electoral y a cinco días de que fue reabierta la investigación de enriquecimiento ilícito que presentó en su contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Los Magistrados Janine Otálora, Felipe Fuentes, Indalfer Infante y Reyes Rodríguez avalaron la propuesta del magistrado Felipe de la Mata de poner a discusión el desempeño de Vargas.
Los juzgadores enlistaron una serie de agravios y abusos en el actuar de Vargas al frente del Tribunal Electoral, como discrecionalidad al momento de distribuir los expedientes a revisión, falta de respeto a los miembros de órganos administrativos y descalificación a las votaciones de sus pares, a quienes hace una semana acusó de votar «en manada».
«Grave sería nuestro actuar, como integrantes de esta Sala Superior, si continuáramos permitiendo más abusos», consideró la Magistrada Janine Otálora.
«Es un hecho reconocido por el mismo Magistrado que cuenta con un proceso de investigación en curso ante la UIF y la FGR», planteó el Magistrado Felipe Fuentes.
En su lugar y para concluir el mandato de presidencia en 2023 fue nombrado el Magistrado Reyes Rodríguez, abierto opositor a las decisiones de Vargas al interior del Tribunal Electoral.
La decisión fue desconocida por el Magistrado Vargas, quien en un video posterior a la sesión de su destitución aseguró que la única forma de retirarse del cargo es con su renuncia, la cual, dijo, no tenía previsto presentar.
Consideró nula la sesión en la que se le quitó el cargo y con peligro de una «ruptura constitucional».
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, consideró que esa Cámara y la Suprema Corte deben intervenir para evitar una crisis
«Junto con la Suprema Corte, debemos actuar de inmediato para atender y dar cauce a lo que ocurrió. Evitemos una crisis constitucional, es nuestro deber», planteó.
El también senador Germán Martínez aseguró que la remoción de Vargas y el nombramiento de un nuevo presidente son actos que no se pueden impugnar porque ni el Consejo de la Judicatura Federal ni la Corte tienen atribuciones sobre ese organismo.