La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) conoció y aprobó por unanimidad el Anteproyecto de Acuerdo que deberá ser avalado por el Consejo General, por el que, a partir de la fórmula establecida en la Constitución, se determina el financiamiento público a los partidos políticos nacionales para el ejercicio 2023, por un importe de 6 mil 233 millones 510 mil 798 pesos conforme a lo siguiente:
Con base en la fórmula que establece la Constitución mexicana y la Ley General de Partidos Políticos tomando en cuenta los resultados de la elección ordinaria federal para elegir diputaciones federales por el principio de Mayoría Relativa y el porcentaje de votos obtenidos por cada fuerza política, el financiamiento que corresponde a cada partido político y que será discutido esta semana en el Consejo General, es el siguiente:
En sesión extraordinaria, el presidente de la Comisión, Uuc-kib Espadas Ancona, señaló que pese a lo «poco prestigioso» de entregarle dinero a los partidos políticos “garantiza el pleno desarrollo democrático de nuestros procesos electorales y contribuye decididamente a que la política sea un ejercicio compartido por la sociedad mexicana sin el peso determinante del dinero privado”.
Dejó en claro que por mandato legal, el INE está obligado a formalizar la entrega de estos recursos y no puede alterar los montos que se asignan a cada fuerza política.
“Estos son dineros que garantizan dos cosas fundamentales en nuestra democracia, la primera es permitir que haya partidos competitivos, aunque no dispongan de grandes donativos de intereses privados” y “que los ciudadanos puedan en plena libertad expresar su auténtica voluntad en las urnas gracias a un mínimo de equidad”, apuntó.
En suma, garantiza una mínima distancia entre los grandes capitales y sus intereses y las posiciones que se eligen a través de las urnas y el consecuente ejercicio de gobierno.
De cara a la reforma político-electoral constitucional que se discute en el Congreso, el Consejero Espadas Ancona consideró que se debe entender y valorar el efecto del gasto público en la democracia mexicana, para garantizar el derecho de la ciudadanía a darse sus gobernantes desde hace casi tres décadas y tener en cuenta las otras experiencias que han llevado a destinos diferentes.