El diputado presidente de la Comisión Especial de Seguimiento al Caso Iguala, Ricardo Mejía Berdeja, planteó la necesidad de que la 61 Legislatura trabaje en conjunto con organismos internacionales que ayuden a materializar la reformas necesarias en materia de derechos humanos, procuración y administración de justicia en Guerrero.
Lo anterior, durante la difusión del informe “Justicia fallida en el estado de Guerrero” presentado por la organización Open Society Justice Initiative, un reporte elaborado con la colaboración del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
Según la investigación, en la que también participaron las expertas Ina Zoon y Ximena Suárez, “en Guerrero hay justicia fallida ya que de cada 15 casos de homicidios sólo uno es sancionado; por los altos índices de desaparición forzada, la tortura y la extorsión permanente”, afirmaron.
Mejía Berdeja, declaró en entrevista, que basados en este informe los diputados tienen que hacer propuestas de carácter legislativo, “porque la sociedad y los organismos no gubernamentales están marcando una agenda de las necesidades que tiene Guerrero en materia de justicia y derechos humanos”.
“Tengo el compromiso para empujar reformas al Código Penal que contemple adecuar a los estándares internacionales los delitos de lesa humanidad: desaparición forzada y tortura.”
Por lo pronto, existe ya el planteamiento de la reforma constitucional para crear la Fiscalía Especializada en materia de desaparición forzada.
Como parte del compromiso de legislar escuchando las necesidades de la ciudadanía, el Diputado Mejía Berdeja se reunió con líderes y representantes de la sociedad civil organizada de la zona norte de la entidad para atender de primera mano los planteamientos de la problematica imperante en esa región.
Durante la sesión legislativa de jueves 12 de noviembre, el Congreso de Guerrero exhortó a los 81 ayuntamientos para que cuiden, atiendan y protejan a las personas y poblaciones de sus jurisdicciones que se encuentran en peligro de ser víctimas de grupos delincuenciales. Durante su intervención, Mejía Berdeja fue enfático al pedir a los Ayuntamientos que los nombramientos de sus jefes de seguridad pública sean conferidos cumpliendo el Artículo 33 de la ley orgánica del municipio libre del Estado de Guerrero.
En la misma sesión se aprobó el Acuerdo Parlamentario que solicita a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), se admita Per Saltum el caso de Armando Chavarría Barrera; el Coordinador de los diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano sentenció durante su intervención al tema que “no debe haber impunidad y el paso de los años no debe borrar la gravedad de este asesinato político”. La reconciliación comienza por conocer la verdad de los hechos de violencia criminal.
Al respecto de la agresión policiaca suscitada en el libramiento Chilpancingo - Tixtla contra normalistas, en entrevista, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, criticó “la criminalización, el hostigamiento, la revictimización y estigmatización” contra los normalistas de Ayotzinapa.
Reprochó también la estigmatización social que existe en contra estos estudiantes porque de algún modo genera un escenario que favorece a la represión. Consideró que en esa lógica los policías justifican excesos, como los de ayer “así empezó el caso de Iguala”. Siempre debe haber uso proporcional de la fuerza pública con base en los estándares internacionales de Derechos Humanos. Nada justifica la represión, subrayó Mejía Berdeja.