Desde el jueves de la semana pasada, las gasolineras de todo el país deberán contar con bombas despachadoras nuevas o actualizados para que cumplan con la Norma Oficial Mexicana (NOM) 005-SCFI-2017, lo que afectará directamente a políticos hidalguenses, quienes han sido ventilados como los más ladrones del país.
Es el caso de Estación de Servicio GESA ubicado en el Venado, Mineral de la Reforma, misma que fue ventilada en junio de 2019 por robar a los consumidores alrededor de 900 mililitros por cada 20 litros suministrados; la misma es propiedad de Gerardo Saade Kuri y Gabriela Murillo Ortega, quienes son yerno e hija del exprocurador y exgobernador priista Jesús Murillo Karam.
La estación de servicio GESA, fue identificada como la gasolinera que más roba en el país, según las verificaciones realizadas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) entre el 24 y 28 de junio de 2019.
Pero no es la única.
Entre los años 2009 y 2019, dentro de las gasolinerías más sancionadas por la Profeco destacan las de otros políticos hidalguenses de manera directa o bien, mediante sus prestanombres.
Petros Las Glorias es la que más sanciones acumuló en la década referida tanto para sus sucursales de Pachuca como las de Tulancingo. La gasolinería pertenece a Carlos Aniano Sosa Velasco, testaferros de Miguel Ángel Osorio Chong, alcanzando sanciones que rondan los 4 millones de pesos por negarse a ser verificados así como por despachar litros de menos.
Sosa Velasco saltó “a la fama” luego de ser ventilado como el casero al que Osorio Chong supuestamente arrendaba las propiedades en las que vivía en la Ciudad de México cuando era Secretario de Gobernación.
LUDJOSA GASO es una de las gasolinerías cuya propiedad es de Daniel Ludlow Kuri, exlegislador panista y esposo de la exalcaldesa de Pachuca Yolanda Tellería Beltrán.
Presuntamente por manipular los dispositivos para robar a los clientes es que se ha negado a ser verificada por la Profeco en la 4T. La multa a la que se hizo acreedor sólo en 2019 alcanzó los 800 mil pesos.
Este año Profeco exhibió a la Gasolinería Cynper, ubicada en Mixquiahuala, pues alteró 14 dispensadores para robar combustible, misma que pertenece al diputado morenista José Manuel Pozos Castro, de Tuxpan, Veracruz
La segunda gasolinería con mayores sanciones por parte de la Profeco la última década por negativas a ser inspeccionada, carecer de hologramas y dispositivos vigentes, y negarse también a la colocación de sellos inmovilizadores es Combustibles Bentan SA de CV, misma cuyo representante legal es Eustacio Monroy Solís.
Eustacio Monroy figura como uno de los constructores consentidos de las dos últimas administraciones hidalguenses, toda vez que en el contrato PF-2018-LP-FOFIN-SOPOT-VUR-002 es la empresa Grupo Concretero Eura SA de CV a la que se le asignó el contrato de la supervía Colosio por más de 172 millones de pesos, de la que es también representante legal. Pese a los atrasos de la obra, todavía se le concedieron 5.3 millones de pesos más para culminar la obra.
“Todas las estaciones de servicio de despacho de gasolina y diésel del país deberán contar con dispensarios nuevos o actualizados que cumplan con las características y especificaciones establecidas en dicha norma”, refirió la Secretaría de Energía en un comunicado.
El documento señala que la Norma corresponde a “Instrumentos de medición-Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación”, según la cual evitará que los consumidores sean víctimas de robo por parte de las gasolineras a través de “pistas de auditoría o bitácoras de eventos”.
La procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) estima que con estas nuevas medidas además se combata el huachicol.
Los registros que deberá ofrecer cada dispensador son: ajustes o ‘alteraciones’ al sistema de medición o despacho de gasolina (entrega de volumen); cambio de precios; accesos al sistema electrónico, particularmente la apertura de puertas; acceso al modo de programación; cambio de fecha y hora del sistema; y actualización de los programas de cómputo incluyendo las versiones a la que se actualizó.
“La Norma Oficial Mexicana también permitirá detectar áreas vinculadas al robo de combustibles, con lo que coadyuvará con otras autoridades a cerrar vías a grupos delincuenciales relacionados con la venta de combustible robado”, refirió el mensaje.