’Mi familia y yo hemos pensado en vender nuestra casa, ya no se puede vivir en Chimalhuacán, las autoridades no hacen nada contra la inseguridad; tenemos que cuidar a nuestros hijos de que no los asalten, de que no les vendan droga, de que no les toque una bala perdida, de que no desaparezcan’, comentó Ana Flores R.
Como vecina de San Miguel Acuitlapilco vive preocupada por sus hijos porque se han encontrado restos humanos en Vidrieros, Herreros y Canasteros; por la constante desaparición de jóvenes como sucedió con Yucary quien apareció sin vida después de 10 días, por la balacera en marzo que protagonizó un grupo delincuencial en su colonia y el asesinato de un hombre, apenas el pasado 4 de junio en su comunidad.
Durante el mes de mayo el Semáforo Delictivo del Estado de México registró en la entidad 30 delitos de narcomenudeo, 10 violaciones, 109 carpetas por violencia familiar y nueve homicidios, crímenes que intranquilizan a la población de Chimalhuacán, que en el primer trimestre del 2025, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se situó, para nueve de cada 10 de sus residentes, como el municipio más inseguro del Estado de México.
El mismo gobierno, en su página DATA MEXICO, reconoce que en Chimalhuacán del mes de mayo del 2024 a mayo del 2025 creció el narcomenudeo un 900 por ciento y otros delitos del Fuero Común un 200 por ciento.
’La policía siempre llega tarde, cuando unos los llama a veces ni se aparecen’, señaló la afectada.
En Chimalhuacán según el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2025 hay 722 mil 753 habitantes, pero organizaciones civiles estiman que hay más de un millón de personas, que son atendidas por 550 elementos de seguridad, una proporción de uno por dos mil 628, una cantidad insuficiente de acuerdo a la propuesta de la Organización de las Naciones Unidas, quien recomienda 2.8 policías por cada mil habitantes.
Para José N, policía de Chimalhuacán, el gobierno de Xóchitl Flores Jiménez es el causante de que en el municipio prevalezca el estado sin fuerza al obligar a los elementos de seguridad a desempeñar trabajos administrativos, a laborar 24 por 24, a lavar y pagar las composturas de las unidades, a acudir sin el binomio de compañía a los llamados de auxilio, a tener hora de entrada, pero no de salida, a trabajar en sus vacaciones, a que les descuenten las incapacidades, a una sobre explotación por 5 mil 89 pesos de sueldo quincenales.
’De enero a marzo 80 compañeros renunciaron por las condiciones de trabajo, hay 50 nuevas patrullas, pero no hay policías, ya ni nos queremos acercar al MP porque no tenemos apoyo jurídico, apenas en la puesta de la balacera de Acuitlapilco, el comisario lejos de defendernos nos amenazó con abrirnos una carpeta de investigación si decíamos algo, además la seguridad es manejada por civiles sin experiencia, sin compromiso’, detalló el oficial.
La gente se enoja, pero no hay policías, la administración no contrata más policías de la academia por falta de presupuesto; acudimos a enfrentarnos a la delincuencia con solo 15 cartuchos, en dos años solamente nos han dado un uniforme, pero eso si cuando bailó la hija de la presidenta nos mandaron a cuidarla’.
El Ramo 33 el FORTAMUN 2025 destinó para este municipio: un millón para municiones, 36 millones 500 mil para uniformes, 30 millones para el arrendamiento de patrullas, dos millones 200 mil para refacciones de las unidades, entre otros gastos programados.
Sin embargo, el policía municipal denunció: ’No hay condiciones de trabajo, varios pretendemos darnos de baja’.