El pasado 29 de septiembre de 2023 el Comité publicó sus observaciones finales sobre la información complementaria presentada por México con arreglo al artículo 29, párrafo 4, de la Convención.
Al respecto, el Comité reconoció la cooperación de México para llevar a cabo el diálogo constructivo y valoró con beneplácito los esfuerzos realizados por varios actores desde que publicó el informe de su visita a nuestro país en noviembre de 2021.
En esa ocasión para la realización de esa visita, el Comité designó a 4 de sus miembros: Juan Pablo Albán Alencastro; Juan José López Ortega; Horacio Ravenna y, su servidora, Carmen Rosa Villa Quintana. Estuvieron acompañados por dos miembros de la Secretaria del Comité: Albane Prophette-Pallasco y Sergio Giuliano.
En ese contexto se dijo, ’El informe de la presente visita será discutido y adoptado por el pleno del Comité durante su 22° Periodo de Sesiones, que tendrá lugar en Ginebra entre el 28 de marzo y el 8 de abril de 2022. Confiamos que las recomendaciones que se adopten serán implementadas y que a través de ellas se contribuya a dar solución al flagelo de las desapariciones forzadas en México. Reiteramos la plena disposición del Comité para cooperar en ese proceso’.
13 fueron las entidades federativas que visitaron: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. Sostuvieron 48 reuniones con más de 80 autoridades, y 33 reuniones con cientos de víctimas, y decenas de colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil provenientes de casi todas las entidades federativas.
Hasta ese momento, los representantes internacionales dieron cuenta de las cifras alarmantes, razón por la cual realizaron la visita a México, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas indica una cifra de 95 mil 121 personas desaparecidas, mientras que al mes de agosto 2023 cuando se da la evaluación de Naciones Unidas, la cifra oficial supera los 112 mil.
El documento presentado, incluye un número muy importante de referencias a avances; entre los que destacan: i) la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición, ii) el Banco Nacional de Datos Forenses, iii) el Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, iv) el aumento significativo del presupuesto y personal asignado a la Comisión Nacional de Búsqueda, vi) el Protocolo Homologado de Investigación y la existencia de fiscalías especializadas o unidades de investigación en desaparición en todas las entidades federativas, vii) los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reconocen el derecho de las personas desaparecidas a ser buscadas.
Por lo que hace al proceso de mejora de la información en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, se aclara que éste se lleva a cabo en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones locales, y las fiscalías, quienes acompañan de manera directa el proceso de verificación del registro. En este proceso, se cuenta con el acompañamiento de distintas instituciones en el entendido de que toda autoridad es auxiliar en la búsqueda de personas. Las acciones encaminadas a la verificación se realizan en atención a lo establecido en el Protocolo Homologado de Búsqueda.
Durante el diálogo con el Comité se informó que desde la Secretaría de Gobernación se ha implementado un sistema de atención de las acciones urgentes que no solo se limita a la solicitud de información, sino que se realizan mesas de trabajo con familiares, agentes del ministerio público, comisiones de búsqueda (local y nacional), comisiones de atención a víctimas. En algunos casos, se incluyen mecanismos de protección y comisiones de derechos humanos para establecer, de manera conjunta, los diferentes cursos de acción. Adicionalmente, se definen planes de búsqueda e investigación.
La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas establece las autoridades que conforman la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección Federal. El Mecanismo tiene un mandato especializado de protección para atender las necesidades de esos dos grupos de personas. Existen otras instancias para que las victimas reciban la atención correspondiente por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y sus homologas a nivel local.
Respecto a los mecanismos de coordinación efectiva, es importante señalar que, de la totalidad de las acciones de búsqueda realizadas por la Comisión Nacional de Búsquedas (CNB), el 45 % ha sido con participación de las Fiscalías Estatales, 22% con participación de la FGR, 9% con ambas, FGR y Fiscalías estatales, y solo el 24% sin la colaboración de alguna fiscalía. El 24% tiene que ver con aquellas acciones de prospección en preparación a las actividades de búsqueda. En todas las ocasiones en que se lleva a cabo una acción de búsqueda se cuenta con participación de alguna fiscalía debido a la posible localización de un indicio.
Sobre lo señalado en el apartado de Crisis Forense, se reitera lo referido en el diálogo, se encuentran concluidas las instalaciones de un Centro Regional de Identificación Humana en Saltillo, Coahuila, tres Centros de Resguardo Temporal de Cuerpos en Tamaulipas y Jalisco, un Centro de Resguardo Temporal en Culiacán, Sinaloa y se encuentran en construcción 15 centros o unidades más en distintas partes de la República.
El Gobierno de México recibió las observaciones proporcionadas por el Comité y reiteró su colaboración con los organismos internacionales de derechos humanos para robustecer sus acciones en la prevención y atención a los casos de desaparición en el país.
Finalmente, el Estado mexicano reafirmó su apertura ante el escrutinio internacional y el compromiso con los familiares de las personas desaparecidas.