En un foro sin precedentes celebrado en el Congreso estatal, periodistas, defensores de derechos humanos y legisladores dieron un paso firme hacia una reforma profunda a la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos en el Estado de México.
Durante el Cuarto y último Foro de Análisis de Reformas 2025, voces del gremio y expertos en derechos fundamentales coincidieron en que el actual marco normativo presenta limitaciones estructurales que deben ser superadas con urgencia. El evento, impulsado por la red 100 Periodistas por el Estado de México, planteó una visión inclusiva con énfasis en enfoques diferenciados que reconozcan la diversidad del ejercicio periodístico.
"La defensa de la libertad de expresión no es una causa gremial: es una causa democrática", expresó Raúl García Víquez, representante de la iniciativa convocante. Detalló que, desde la sociedad civil, se han logrado avances como la eliminación del delito de ultrajes a la autoridad, nuevas capacitaciones, y mejoras al protocolo estatal de seguridad.
El foro no sólo apuntó a cambios técnicos, sino a una transformación ética y jurídica. El jurista Javier Martínez Cruz urgió a reformar la Constitución local para incluir la libertad de prensa como derecho explícito. En tanto, legisladores como Samuel Hernández y Ana Yuritzi Leyva respaldaron la urgencia de contar con una ley sólida, con enfoque diferencial y perspectiva de derechos humanos.
Uno de los momentos más contundentes fue la participación de la periodista Veneranda Mendoza, quien denunció las carencias de seguridad social, protección legal y laboral. Enfatizó que la reforma no puede quedarse en ’retoques’ y alertó sobre prácticas que utilizan figuras legales para criminalizar la labor crítica de la prensa.
El foro rindió homenaje a comunicadores que han impulsado esta lucha, entre ellos Elena Poniatowska y representantes de organizaciones como Artículo 19, así como académicos y especialistas.
La propuesta de reforma será presentada ante la LXII Legislatura en septiembre de 2025, con la promesa de convertirse en un parteaguas normativo que garantice condiciones reales de seguridad, dignidad y libertad.
’Estamos vivos, estamos unidos y estamos fuertes. Vamos por la ley y por la inclusión presupuestal’, sentenció Manuel Alejandro Carrillo, cerrando el encuentro.
La responsabilidad ahora recae en el Congreso: convertir esta exigencia colectiva en una legislación con impacto real.