En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados de San Lázaro, el fiscal general de Campeche, Renato Sales Heredia, informó que ingresó una solicitud de juicio político en contra del diputado y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.
Acompañado por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, Sales Heredia destacó que la Fiscalía a su cargo solicita la declaratoria de procedencia ’por aparecer como probable responsable de la comisión del delito de enriquecimiento ilícito’.
Sales Heredia precisó que tan solo la ’mansión’ de Moreno en Campeche tiene un valor de 130 millones de pesos, a lo que se suman cuadros, esculturas y piezas artísticas valuadas en más de 50 millones.
’Lo que constituye el delito de enriquecimiento ilícito precisamente es la desproporción ente los ingresos devengados y lo que se declara patrimonialmente y las propiedades ya valuadas’, puntualizó.
El titular de la Fiscalía General de Campeche explicó que los audios de diversas conversaciones de Alejandro Moreno, dados a conocer por la gobernadora Layda Sansores, no forman parte de la investigación.
Por su parte, en declaraciones a la prensa, Alejandro Moreno aseguró que él continúa siendo el presidente de la Comisión; “eso no está en ninguna duda”, y dijo que continuará trabajando desde la instancia apegado a la ley.
Informó que, hasta el momento, en la Comisión de Gobernación y Población hay “tres diputados están dados de baja automáticamente por el reglamento”.
Lamentó la actitud de Morena y sus aliados, que no asistieron a la reunión de la Comisión de Gobernación y Población de este martes, porque retrasan el trabajo al interior de la mismo; incluso, señaló, seis de los 10 dictámenes que se iban a discutir son de Morena.
Respecto a la supuesta presencia de fuerzas de la Guardia Nacional en el recinto Legislativo, el pasado miércoles, Moreno Cárdenas consideró que “fue inadmisible, porque vulnera cualquier régimen democrático”.
“Lo que no podemos permitir es que violenten el régimen democrático, que ataquen las instituciones, que hubiera presencia de gente de seguridad de la Guardia Nacional, es inadmisible, también hay que dejar claro que hay límites”.