El diputado Pánfilo Sánchez Almazán, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal a atender de manera prioritaria la situación del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE) y del magisterio no incorporado al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) en Guerrero, con el objetivo de que se garantice el pago de adeudos salariales, su regularización administrativa y laboral, su incorporación gradual al Fondo y la instalación de una mesa interinstitucional con participación de autoridades y sindicatos.
El diputado presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, refirió que la dignidad laboral constituye un derecho humano fundamental, respaldado en la Constitución como en los Tratados Internacionales, que obliga a las autoridades a garantizar condiciones de trabajo justas, seguras y equitativas.
Señaló que miles de docentes y personal PAAE en Guerrero desempeñan funciones esenciales para el funcionamiento de las escuelas, como la gestión administrativa y la apertura y cierre de planteles, muchas veces en contextos de marginación, inseguridad o abandono institucional, sin recibir el reconocimiento ni las garantías laborales que merecen.
Enfatizó que la falta de incorporación al FONE genera afectaciones directas a la vida laboral de estos trabajadores, incluyendo la irregularidad en el pago de salarios, la ausencia de seguridad social y la imposibilidad de contar con condiciones de empleo estables, hecho que constituye una forma de exclusión.
Pánfilo Sánchez, explicó que la problemática no es únicamente administrativa o presupuestal, sino una deuda estructural que debe atenderse con urgencia y de manera integral, mediante acciones concretas y coordinadas entre la SEP, el Gobierno del Estado de Guerrero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los sindicatos representativos, como el SNTE y la CETEG.
Finalmente, Sánchez Almazán resaltó que ’Garantizar condiciones laborales dignas es indispensable para asegurar una educación de calidad, sobre todo en estados como Guerrero, donde persisten desafíos estructurales significativos y este exhorto responde a un compromiso ético y social con la justicia laboral, la equidad y el reconocimiento del valor del trabajo de docentes y personal de apoyo’.
Se adhirió al acuerdo la diputada Araceli Ocampo Manzanares y la propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Educación, Ciencia y Tecnología y Desarrollo Económico y Trabajo.