El Congreso del Estado exhortó a las administraciones municipales entrantes para que en caso de haber encontrado irregularidades administrativas y financieras que causen daño y perjuicio a los intereses patrimoniales y económicos de los municipios, informen a las autoridades competentes para que éstas procedan conforme a derecho.
Asimismo, se exhortó a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y al Tribunal de Justicia Administrativa, para que den seguimiento a los casos de irregularidades derivadas de los procesos de entrega-recepción, y se instruyó a la Auditoría Superior del Estado para que en términos de la normatividad aplicable, se consideren dentro del proceso de Fiscalización correspondiente.
Lo anterior en un acuerdo propuesto por el diputado J. Jesús Villanueva Vega, quien dijo que en el proceso de entrega-recepción de los ayuntamientos se ha denunciado constantemente por las nuevas administraciones un sinnúmero de irregularidades presentadas, como inexistencia de mobiliario, arcas vacías, laudos y pasivos millonarios, así como documentos que puedan integrarse en los procesos de revisión y fiscalización.
En el documento aprobado por unanimidad, el legislador refiere que el nuevo diseño del Sistema Estatal Anticorrupción establece los procesos para investigar la existencia de actos de corrupción en que hayan incurrido servidores públicos municipales, para que se emitan las sanciones y denuncias correspondientes, ya sea ante la Auditoría Superior del Estado, para que inicie los procesos resarcitorios, o a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en caso de desprenderse algún hecho tipificado como delito.
Por lo anterior, señala que es pertinente que las nuevas administraciones municipales, a través de sus órganos de Control Interno y con el apoyo de la Auditoría Superior del Estado, acudan en el ejercicio de sus facultades y competencias ante las autoridades que estimen competentes, para que se deslinden las responsabilidades legales a que haya lugar.
Con esto, añadió el legislador, ’se abona a la transparencia y rendición de cuentas, como exige la ciudadanía guerrerense’.