Raúl De La Rosa
Hacer de la investigación científica y la innovación tecnológica la estructura del desarrollo sustentable de México es una razón y cuestión del Estado... ¿O del empresariado...?
Pues esa es una de las diversas trabas que distorsionan la labor científica en Mx. Saber qué le toca hacer a cada quién. Claro que hay más trabas y distorsiones, desde la financiación, la infraestructura y equipamiento, la vinculación escuela-industria, la divulgación del conocimiento, la cantidad de recursos humanos altamente capacitados, el sistema de evaluación de los investigadores, los esquemas de jubilación y, hasta los tiempos y escenarios políticos tanto nacionales como internacionales.
Todos estos factores influyen para que se acelere o frene el avance en la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (I+D+i), y con ello que México entre de lleno a la economía y sociedad del conocimiento.
En todo tipo de reuniones para analizar retro y prospectivamente el estado que guarda la I+D+i en la sociedad mexicana las conclusiones son casi las mismas desde hace 80 años. Y a pesar de ello, los gobiernos y la sociedad seguimos rumiando sobre el mismo tema pero sin verificar casi ningún cambio, pues los cambios acaban tergiversados. Lo mismo sucede con las universidades y su papel en la I+D+i.
La financiación, aunque lejos de la requerida, ha crecido cada sexenio: en el año 2000 alcanzó los $ 45,123 millones; en el 2006 los $ 64,718 millones; en 2012 los 84,7185 millones; para el 2018 los $ 108,575 millones; y para el 2022 los 118,277 millones. Pero a pesar de esta última contabilidad, los recursos destinados a Ciencia y Tecnología se encuentran lejos de cumplir con el precepto, señalado en el artículo 119 de la Ley General de Educación, de destinar al menos el 01% del PIB nacional al gasto para la educación superior y la investigación científica y humanística, así como al desarrollo tecnológico y la innovación, en las instituciones públicas de educación superior; y reiterado en el artículo 9 bis de la Ley de Ciencia y Tecnología: ’... el monto anual que el Estado, Federación, entidades federativas y municipios, destinen a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al 1% del producto interno bruto del país mediante los apoyos, mecanismos e instrumentos previstos en la Ley’. El gasto público federal que el Estado destina a la ciencia, la tecnología y la investigación, no suma más del 0.41% del PIB.
Pero esos son dineros públicos, ¿el sector empresarial de México no invierte en I+D+i, o sea, en Ciencia y Tecnología? Se supone que sí pero no hay forma de saber cuánto exactamente. Según estimaciones del CONACYT, algunas ONGs y algunos centros empresariales de estudios de opinión y estadística, de cada peso que en México se invierte para I+D+i, el sector empresarial pone $ 0.30. Suponiendo que esa cifra sea cierta, en los países desarrollados, es a la inversa, el gasto fuerte lo hacen las empresas, que además son las directas beneficiarias de dichas investigaciones, desarrollos y patentes. ¿Qué nos pasa en México, por qué hacemos las cosas al revés de cómo lo hacen los empresarios de los países desarrollados?
¿Debe asumir la iniciativa privada de México un papel mucho más eficiente en el desarrollo nacional? Hasta el momento el empresariado mexicano ha demostrado ser neoliberal para repartir ganancias pero comunista para repartir la inversión.
México tiene una economía de mercado, con fallas, pero es una economía abierta. ¿Por qué el empresariado es tan reticente a ser el ariete en la creación de conocimiento nuevo y de innovación tecnológica?
Sin duda, México necesita ampliar su gasto en ciencia y tecnología en los tres niveles de gobierno, cuando menos en $ 182,200 millones para poder llegar al tan deseado y obligado 1% del PIB. Eso es casi el equivalente a la suma de los proyectos estrella del actual titular del Ejecutivo federal:
-Tren Maya,
- Ambas modalidades de la beca Bénito Juárez y
- Los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro
Aunque el monto asignado a la Ciencia y Tecnología tiene un incremento de poco más del 5% en términos reales con respecto al 2021, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, los niveles de inversión actuales son todavía inferiores con respecto a lo que se observaron en 2017, 2018, 2019 y 2020. La subfunción, pero absolutamente determinante en una economía de mercado, de una investigación científica orientada a generar nuevos conocimientos para fines prácticos, puede explicar el ascenso en las asignaciones a ciencia y tecnología en el año 2022. Y eso también explica los grandes reajustes de asignaciones en el CONACYT. En suma, los programas presupuestarios a la ciencia y tecnología en México suman $ 54,559.15 millones, 5.21% más que del año 2021. Destaca el monto asignado al Sistema Nacional de Investigadores, SNI, en el 2022, que con 7 mil 277 millones de pesos supera en más del 20% al de los años 2018-2021.
Todo eso es cierto, pero también el hecho de que el empresariado mexicano no nada más no asume su papel de locomotora nacional de la economía, como debe ser en toda economía de mercado, sino que es uno de los principales beneficiarios de los subsidios gubernamentales para tal efecto, sin que haya resultados ni rendición de cuentas objetivas y con perspectiva de desarrollo sustentable.
Ésto no es un debate ideológico, sino, pragmático, como se debe ser en toda economía de mercado. Las inversiones en Ciencia y Tecnología en México, arrojan resultados muy similares a los que nos arrojan las inversiones en seguridad pública... Y eso merece un debate serio y responsable, muy responsable.