De aprobarse la propuesta de reforma a la Ley del Registro Civil, en su artículo 46, para que las parejas puedan decidir de común acuerdo el orden de los apellidos de sus hijos, con posibilidad de que el de la madre pueda ser inscrito en el primer lugar, en Guerrero se estaría dando el mensaje de un estado progresista y de respeto pleno a la igualdad de género, destacó el diputado local por Morena, Joaquín ’Jacko’ Badillo Escamilla.
El legislador acapulqueño aclaró que de ninguna manera se trata de un avasallamiento ni de una lucha entre hombres y mujeres, como muchas veces se mal entiende el tema de la igualdad de género, sino de dar un sentido de equilibrio a una de las decisiones más trascendentales a la hora de que las parejas acuden a la Oficialía a realizar el registro de nacimiento de sus vástagos, después de haber consensuado qué apellido desean ponerle primero, el del papá o la mamá.
Recordó que de manera tradicional se acostumbra poner como primer apellido el del padre condenando con ello a la extinción del apellido materno para las próximas generaciones; en ese sentido dijo que su propuesta busca ’romper esos paradigmas de la tradición e idiosincrasia de los guerrerenses, decidiendo en conjunto, como pareja, para enaltecer la igualdad de derechos, en beneficio no sólo de las mujeres, sino de los guerrerenses del futuro’.
De ahí la propuesta que presentó ante la Comisión Permanente del Congreso del Estado para reformar la Ley del Registro Civil, con pleno respeto a los derechos humanos y a la igualdad entre hombres y mujeres, y sea esto una realidad en los hechos, no simulación; ’con ello estaremos dando un gran mensaje, que Guerrero es un estado progresista, verdaderamente ocupado en los temas de la equidad y el empoderamiento de las mujeres, en un sentido equilibrado’, expresó.
Finalmente, Jacko Badillo destacó que si bien la propuesta podría parecer trivial, en realidad tiene un alto valor simbólico, ya que el orden de los apellidos deja al descubierto la veta patriarcal de la sociedad, además de que se sustenta en el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución local, además de varios instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, como la Convención para la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.