La diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez presentó una iniciativa al Código Penal del Estado para actualizar y endurecer las sanciones contra la falsificación, alteración o uso indebido de documentos físicos y digitales, incluyendo aquellos generados mediante herramientas tecnológicas o Inteligencia Artificial, así como establecer agravantes cuando las víctimas sean personas en situación de vulnerabilidad o cuando el hecho sea cometido por servidores públicos.
Al exponer la propuesta de iniciativa de reforma dijo que se busca atender una problemática creciente en la sociedad: la falsificación de documentos digitales, derivada del uso masivo de las tecnologías de la información y de la Inteligencia Artificial, que ha facilitado la creación o alteración de archivos oficiales, identificaciones y otros documentos con fines fraudulentos.
Informó que actualmente el Código Penal contempla delitos digitales y de falsificación de documentos, pero sin una armonización adecuada de las penas. Por ello, propuso reformar los artículos 349 y 350 del Código Penal del Estado de Guerrero para precisar las conductas delictivas y establecer sanciones más severas.
Informó que en el artículo 349 se plantea imponer de cuatro a ocho años de prisión y de cien a mil días de multa a quien falsifique o altere un documento público o privado, utilizando cualquier medio físico, técnico o tecnológico.
Mientras que en el artículo 350 se propone sancionar con uno a diez años de prisión y de cien a cinco mil días de multa a quien produzca, edite o falsifique archivos digitales, incluyendo imágenes, audios, textos o documentos generados con herramientas de Inteligencia Artificial.
Asimismo, se propone aumentar las penas cuando el responsable sea servidor público o tenga conocimientos especializados en tecnologías de la información, o si la víctima es niña, niño, adolescente, mujer indígena o rural, persona adulta mayor o con discapacidad.
Finalmente, la legisladora subrayó que las leyes deben evolucionar al ritmo de los avances tecnológicos, y que tipificar con mayor claridad la falsificación de documentos digitales es una medida necesaria para proteger la seguridad de las personas en la era digital.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para continuar con su trámite legislativo.