Propone diputado sanciones por omisión de exhortos, aprobados por el Pleno del Congreso de Guerrero


Propone diputado sanciones por omisión de exhortos, aprobados por el Pleno del Congreso de Guerrero
Política
Diciembre 01, 2025 19:03 hrs.
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Redacción › codice21.com.mx

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El diputado Jhobanny Jiménez Mendoza presentó dos iniciativas mediante las cuales se adiciona un artículo 314 Bis a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y un artículo 64 Ter a la Ley 465 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero, con el propósito de hacer vinculantes los acuerdos parlamentarios y establecer sanciones a las autoridades que omitan responderlos, fortaleciendo así la eficacia legislativa.

Las iniciativas, que fueron turnadas a las Comisiones de Estudios Constitucionales y Jurídicos, y de Justicia para su análisis y dictaminación, señalan que actualmente los acuerdos parlamentarios, pese a ser herramientas importantes dentro del trabajo legislativo, suelen quedar en resoluciones simbólicas que exhortan a las autoridades sin generar respuestas obligatorias.

El legislador destacó la necesidad de transformar dichos acuerdos en mandatos institucionales que garanticen respuestas formales y en tiempo.

Explicó que la propuesta plantea adiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para establecer que todos los acuerdos aprobados por el Congreso sean vinculantes para los entes públicos destinatarios, quienes deberán responder por escrito en un plazo no mayor a 30 días naturales, detallando acciones y avances.

Asimismo, indicó que se busca adicionar el artículo 64 Ter a la Ley 465 de Responsabilidades Administrativas, con el fin de sancionar a los servidores públicos que omitan responder sin causa justificada. Las sanciones irían desde amonestaciones hasta inhabilitaciones, dependiendo de la gravedad de la omisión, fortaleciendo así el cumplimiento de los principios de legalidad, responsabilidad y transparencia.

El diputado Jiménez Mendoza resaltó que la propuesta no invade competencias de otros poderes, sino que fortalece la función fiscalizadora del Congreso, tomando como referencia modelos vigentes en entidades como Jalisco, Ciudad de México y Chihuahua, donde mecanismos similares han demostrado eficacia.

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