Actualmente en México el tema de la Seguridad Pública es fundamental en el esquema del desarrollo económico, político y social.
Por ello, el diputado Ricardo Mejía Berdeja propuso ante el pleno del Congreso reformar la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero para promover el modelo de la Policía Preventiva de Proximidad Social.
El modelo, dijo, consta de cinco principales acciones: Activación de la participación social de las comunidades en relación de las actividades de la Policía, donde los oficiales estarán dotados de autonomía profesional orientando sus conocimientos al respeto de los derechos humanos.
Este cuerpo policiaco habrá de promover la empatía con sus comunidades solicitando opinión sobre nuevos nombramientos de esta corporación, el trabajo de esta policía estará orientado a la prevención del delito sin privilegiar el uso de la fuerza y por último, se habrá de establecer un programa basado en la capacitación para la investigación científica de la evidencia a fin demarcar esto como directriz de la práctica policial. Al estar en contacto directo con la comunidad le permite trabajar de manera conjunta con ésta para el mejoramiento de la seguridad pública.
Estados como Baja California, Nuevo León, Guanajuato y el Distrito Federal son algunas de las entidades federativas que han reorientado sus estrategias de seguridad preventiva hacia una Policía de Proximidad social con el objetivo de que los elementos de la corporación busquen un acercamiento con la comunidad. Es concretamente un modelo mediante el cual, se provee que los policías tengan una relación intensa con los ciudadanos; que rindan cuentas de sus actos de una manera permanente a los ciudadanos.
A través de la proximidad social, policías, ciudadanos y autoridades, pueden generar una organización de aprendizaje para mejorar la calidad de vida en su comunidad, conscientes de su responsabilidad para construir y mantener la seguridad pública, de tal manera que todos puedan gozar de plena libertad para realizar sus actividades lícitas, sin riesgos a su integridad física, psíquica y moral, a sus bienes privados y públicos comentó el legislador.