El diputado Antonio Helguera Jiménez presentó una iniciativa de Ley de Seguridad Alimentaria del Estado de Guerrero, con el objeto de garantizar el bienestar social de la población, resolviendo las carencias alimentarias provocadas por causas diversas en la entidad.
Desde tribuna, el legislador informó que el 24 de febrero de este año el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio a conocer que Guerrero es el segundo estado con más pobres en el país, con el 66.4 por ciento de su población, y el 25 por ciento se encuentra en pobreza extrema.
Por lo anterior, externó la importancia de atender este tema desde el ámbito legislativo para garantizar a las y los guerrerenses el derecho a la alimentación, el cual se encuentra fundado y respaldado jurídicamente en el artículo cuarto de la Constitución General de la República, que dispone que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y el Estado lo garantizará, derechos que también están respaldados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y otros Tratados Internacionales.
Abundó el legislador que, además, su propuesta recoge lo dispuesto en la Ley 102 de Desarrollo Social del Estado de Guerrero y adapta sus mandatos a esta disposición jurídica, fortaleciendo su positividad de acción administrativa, al otorgar certeza jurídica al Programa de Atención para la Seguridad Alimentaria, institucionalizando con ello la condición del programa especial y atendiendo la situación específica del hambre y la alimentación de los sectores más desvalidos, débiles y vulnerables de la entidad, para garantizar sus derechos y el respeto a la dignidad humana.
El diputado integrante de Morena dijo que el planteamiento pretende ampliar el marco del derecho administrativo estatal, incorporando figuras jurídicas, para que sea la o el titular del Ejecutivo estatal quien dirija la política de atención y seguridad alimentaria, a través de la Secretaría de Bienestar.
Asimismo, se instaura el mecanismo presupuestal para su ejecución; las atribuciones de la acción gubernamental del Programa para la Seguridad Alimentaria como la herramienta de gobierno, y las responsabilidades y sanciones a las que haya lugar por incumplimiento de la norma.
Esta propuesta fue turnada a la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social del Congreso, para su análisis y dictaminación.