A Eduardo Medécigo Rubio, alcalde de Mineral de la Reforma, le tomó menos de 6 meses superar la cifra de homicidios dolosos de la gestión anterior, misma que duró cerca de 4 años, revelaron las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).
De hecho, Medécigo ostenta un récord fatídico que ningún otro alcalde había tenido, que es también uno que nadie más quisiera: 13 homicidios dolosos registrados en menos de medio año de su gestión.
Y es que de las 8 incidencias registradas en 2024, 5 correspondieron a su mandato, a las que se suman otras 8 acontecidas en lo que va del año.
Durante el periodo constitucional de su antecesor, 2 se dieron en 2020, aunque antes de que tomara protesta (enero y octubre), en tanto los años subsecuentes se dieron 12, contando su periodo de 2024.
Teniendo en cuenta lo anterior, el corto periodo que Eduardo Medécigo lleva al frente de Mineral de la Reforma ha sido 8 veces más mortífero que el de su antecesor.
La indolencia de las autoridades
Probablemente el caso más indignante para la sociedad que contempla esta cifra, tanto por la magnitud del número de víctimas como por las circunstancias en las que se dio, fue el asesinato de Rosaura y el de sus familiares, mismo que fue perpetrado por un expolicía del mismo ayuntamiento.
Allí, los encargados de procurar y de impartir justicia, así como los de brindar seguridad, fallaron.
Pero lejos de reconocer el error y comprometerse a una purga, se ha optado por realizar declaraciones indolentes.
Después de calificar el acto como un “hecho aislado”, el alcalde fue más allá y dijo que “hay voces oscuras que hoy quieren denostar el trabajo de la policía”, declaración que de inmediato fue repudiada en redes sociales. Desafortunadamente, no fue el único.
Previamente Guillermo Olivares Reyna, secretario de Gobierno, “lamentó” que la mujer asesinada no hubiera acudido de manera previa a los foros de atención para prevenir la violencia familiar, lo que la revictimizó.
El propio mandatario Julio Menchaca expuso que a Rosaura no le falló el Estado, sino que le falló la persona que la asesinó, pese a que la víctima denunció, continuó su proceso, se opuso a que le fuera retirada la medida cautelar y encima no fue protegida por elementos policíacos tal como ordenó la autoridad.
Entre tanto Rebeca Aladro y Francisco Hernández Hasbun, responsables del Poder Judicial y de la Procuraduría General de Justicia, respectivamente, defendieron el actuar de sus subordinados en el proceso que dejó en libertad al agresor que posteriormente victimó a Rosaura.