El presidente de la Comisión de Atención a Víctimas de la Barra de Abogados de Acapulco, Luis Alberto Montes Salmerón, así como el presidente de la misma, Félix Tapia Espinoza, reprobaron las designaciones del gobierno del estado en áreas preponderantes como lo son los familiares de desaparecidos y las agresiones a los periodistas.
En conferencia de prensa, los litigantes señalaron que la Secretaría General de Gobierno que encabeza Florencio Salazar Adame, parece agencia de colocaciones, al nombrar a dos de sus allegados (amigos) en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) en Guerrero como lo es Luis Camacho Mancilla y para el Mecanismo de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, a Rigoberta Román Orea, quienes no tienen experiencia en la materia.
Montes Salmerón mencionó que no dudan de la capacidad jurídica de dichos abogados, sin embargo, "para atender a una sociedad tan golpeada por la inseguridad que ha dejado miles de víctimas, ambos juristas tendrían que ser expertos en los temas, así como contar con aprobación de las diversas organizaciones involucradas en el asunto".
Por su parte, Félix Tapia opinó que "Guerrero es un estado de víctimas, ya que la mayoría de las familias de todos los niveles socioeconómicos hemos sufrido algún acto de violencia, por lo que los encargados de estas áreas deben ser personas empapadas y casadas con la causa. Es grave que Florencio Salazar imponga a inexpertos, pues el estado no es agencia de colocaciones", sostuvo.
A pregunta expresa de que si la decisión de poner a sus allegados se trataba de autoritarismo o simulación, los abogados manifestaron que ambos casos persistían puesto que con total abuso de autoridad regalaban los cargos sin tener el consenso de la sociedad guerrerense.
En el tema de los periodistas explicaron que es un abuso que se pretenda derogar la Ley 463 del Fondo de Apoyo a Periodistas, debido a que es una seguridad social para los reporteros que todos los días arriesgan sus vidas para mantener informados a los ciudadanos.