La senadora afromexicana Beatriz Mojica Morga expresó su respaldo a la iniciativa de reforma constitucional que enviará al Senado la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual propone establecer límites a las pensiones y jubilaciones de altos mandos, con el objetivo de terminar con privilegios y destinar esos recursos a quienes más lo necesitan.
’Respaldamos esta reforma porque el dinero público debe servir al pueblo, no sostener privilegios que lastiman la confianza ciudadana’, destacó la legisladora guerrerense.
Se estima que, de aprobarse la reforma, el Estado mexicano podría generar un ahorro aproximado de cinco mil millones de pesos, recursos que serían incorporados a programas de bienestar social.
La senadora Mojica Morga señaló que esta medida se alinea con los principios de austeridad republicana, responsabilidad financiera y justicia social, al eliminar privilegios que durante años representaron una carga onerosa para las finanzas públicas.
’En un país con profundas desigualdades, no es moralmente defendible que existan pensiones de un millón de pesos mensuales con recursos públicos. Cinco mil millones de pesos pueden significar más becas, más apoyos sociales y más justicia para las familias mexicanas’, destacó.
De acuerdo con información presentada por el Gobierno Federal, actualmente existen casos de pensiones que alcanzan hasta un millón de pesos mensuales, particularmente en organismos como la extinta Luz y Fuerza del Centro, Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, así como en la banca de desarrollo y otras entidades públicas.
La propuesta plantea modificar el artículo 127 constitucional para que las pensiones de ex funcionarios no excedan el 50 por ciento de la remuneración que percibe la titular del Ejecutivo Federal, es decir, alrededor de 70 mil pesos mensuales, asimismo, subrayó que la iniciativa no afecta a trabajadores con contratos colectivos, no tiene carácter retroactivo y respeta derechos previamente adquiridos.
Por último, Mojica Morga refrendó su compromiso con una administración pública más justa, transparente y orientada al bienestar social, respaldando medidas que fortalezcan la confianza ciudadana en las instituciones y aseguren que el dinero público se destine a quienes más lo necesitan.