La presidenta municipal de Juan R. Escudero (Tierra Colorada), Elizabeth Gutiérrez Paz denunció que el pasado 15 de septiembre fue privada de la libertad junto a su familia por el Secretario de Seguridad Pública, Felipe Morales Miranda y setenta elementos de la Policía Preventiva y de Tránsito municipal quienes exigían el pago de dos quincenas de este mes, cuando dijo, esa responsabilidad recae en el gobierno del estado.
Ante tal hecho Gutiérrez Paz se comunicó con el gobernador Rogelio Ortega Martinez para darle a conocer lo que sucedía en ese municipio de la Costa Chica y acusó que el mandatario estatal asumió una actitud irresponsable e ignoró la problemática porque no atendió su mensaje entregado al secretario particular Juan Manuel Jaimes Adán.
Señaló la alcaldesa que mientras su cautiverio y para ser liberada el síndico municipal, el tesorero y el secretario general del Ayuntamiento, Bernardo Muñoz Flores, Deiby Gutiérrez Abarca y Fausto Hipolito Tacuba, respectivamente, firmaron un acuerdo, forzados por los elementos de seguridad comprometiéndose a pagar las quincenas y una parte proporcional al aguinaldo cuando ya se ha cumplido con la parte que le corresponde a la actual administración y la que falta (quincena del 30 de septiembre) recae en el presidente municipal electo, Leonel Leyva Muñoz; “los funcionarios fueron forzados a dejar en garantía las facturas de sus automóviles particulares para poder dejarme en libertad junto a mis familiares", lamentó.
Asimismo acusó que el alcalde electo, Leonel Leyva Muñoz no quiso comprometerse a pagar el salario a los policías, argumentando que él pagaría siempre y cuando todos los elementos firmarán su renuncia.
Por último la presidenta municipal, Gutiérrez Paz responsabilizó al gobernador, Rogelio Ortega Martinez de la situación que se vive en Juan R. Escudero, de la violencia de todos los policías, de la inseguridad y de su integridad física y la de su familia, “extrañadamente ha ordenado retirarme las medidas cautelares que ordenó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en mi beneficio y de negligencia criminal pues puso en riesgo mi vida y la de mi familia, al no atender las llamadas de auxilio que le hicimos a través de su secretario particular Juan Manuel Jaimes Adán.
La alcaldesa sufrió en mayo del 2014 un atentado por los grupos de la UPOEG en un retén y desde ese entonces la CNDH ordenó se le brindara protección y el gobernador Ortega Martínez a su llegada del interinato se la retiró, lo cual denunció desde el momento para que se previera un nuevo atentado y en esta ocasión deja en estado de indefensión a la alcaldesa al retirarle las medidas cautelares, lamentó.