Nueve años después del crimen del diputado local Armando Chavarría Barrera, el caso no ha sido resuelto y la principal línea de investigación que sostiene la Fiscalía General del Estado (FGE) es que fue ordenado y ejecutado por un grupo guerrillero, lo cual no es aceptado por la familia del extinto político.
Luego de haber sido secretario de Gobierno en los inicios del sexenio de Zeferino Torreblanca Galindo, Chavarría Barrera fue diputado local por la vía plurinominal en 2008 y con una cómoda mayoría parlamentaria del PRD asumió la Presidencia de la entones Comisión de Gobierno.
Armando Chavarría había consolidado su estructura política en el PRD a través de su corriente Polo Guerrerense de Izquierda (PGI), desde donde operaba la hegemonía al interior del sol azteca y era la piedra angular de sus aspiraciones a la gubernatura de Guerrero.
Para ello, además de sus alianzas internas en el PRD, también estableció alianzas con otras fuerzas políticas, incluidos algunos liderazgos del PRI.
En ese contexto, Chavarría Barrera preparaba un festejo ’en grande’ por su cumpleaños el 27 de agosto en el Salón Cuicalli, que sería visto como su destape político con rumbo a las elecciones del 2011.
Semanas previas a su asesinato, Chavarría Barrera encabezó un duro discurso desde la tribuna del Congreso del Estado, donde criticaba severamente al gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo por el asesinato de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco de Ayutla.
Ese hecho evidenció una ruptura política definitiva con Zeferino Torreblanca Galindo, con quien sostuvo serios diferendos desde que negociaron la candidatura del PRD a gobernador en el 2005, y que incluyó la asignación de la Secretaría General de Gobierno para Chavarría.
Ese discurso en el Congreso fue motivo para que Zeferino Torreblanca ordenara a la entonces Procuraduría de Justicia que le quitaran el grupo de escoltas de la Policía Judicial del Estado al presidente de la Comisión de Gobierno.
La mañana del 27 de agosto del 2009, Chavarría Barrera inició sus actividades cotidianas, como acudir muy temprano a un gimnasio ubicado en el Centro de esta capital.
El diputado local alcanzó a subir a su automóvil Bora color gris, pero antes de alejarse de su domicilio ubicado en la colonia Lomas del Diamante, al sur de esta ciudad, un pistolero le disparó a quemarropa en varias ocasiones, y para asegurar su trabajo, tuvo el tiempo de darle un disparo directo en la cabeza.
Este lunes se prevén diversas actividades para conmemorar los nueve años de ese crimen, muy temprano en el Panteón Central, más tarde en el Congreso del Estado y finalmente en un parque en la colonia Periodistas de esta ciudad.
Desde la administración de Zeferino Torreblanca, pasando por la de Ángel Aguirre Rivero, Rogelio Ortega Martínez y Héctor Astudillo Flores, han transcurrido nueve años y más de una docena de procuradores o fiscales que no han podido resolver el asesinato y mucho menos consignar a una sola persona.
En julio del año pasado, el entonces titular de la FGE, Xavier Olea Peláez, compareció ante diputados locales y se comprometió que en tres meses daría a conocer quiénes habían ordenado y ejecutado ese crimen.
Incluso se filtró la indagatoria, que señala de manera directa al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) de haber ordenado ese crimen, con unos supuestos pistoleros que fueron contratados en Tlapa.
Esa versión la conocieron los familiares de Armando Chavarría a través de los medios de comunicación, lo que provocó fuertes críticas a Olea Peláez.
A nueve años de este asesinato, Marta Obeso Cázares, viuda de Armando Chavarría, sigue insistiendo en que se debe investigar el móvil político, cosa que se prevé reitere este lunes.