El pasado 12 de enero de 2022 presentamos ante el Pleno una iniciativa de decreto que busca reformar diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Guerrero para despenalizar la interrupción del embarazo durante las primeras doce semanas de gestación. Como ha sido costumbre, la noticia de una posible aprobación movilizó a grupos ciudadanos que expresaron su apoyo y su rechazo a la iniciativa, la cual también suscribieron mis compañeras diputadas Beatriz Mojica Morga y Nora Yanek Velázquez Martínez a nombre del grupo parlamentario de MORENA.
Fue conmovedor ver cómo las colectivas que articulan el movimiento por los derechos de las mujeres se hicieron presentes en las redes sociales. Fue muy motivante sentir el apoyo directo y virtual de muchas mujeres optimistas con la posibilidad de dar el paso final en la garantía efectiva de un derecho que ya ha sido reconocido por instancias internacionales y el máximo tribunal de México.
Como representante popular tengo que reconocer que seguimos en deuda con las mujeres y personas gestantes de Guerrero. Sin embargo, en breve habremos de saldar con creces este pendiente histórico. La despenalización del aborto es una condición necesaria y urgente, pero no suficiente para garantizar los derechos sexuales y reproductivos. Por eso, en el grupo parlamentario de MORENA vamos también por el reconocimiento y la sanción de la violencia obstétrica, cuya iniciativa presenté el pasado 14 de enero, y por la eliminación del matrimonio infantil. Nuestra agenda legislativa es mucho más amplia e integral, pues tenemos un compromiso firme con cerrar la brecha de la desigualdad de género.
Sin duda, hay y habrá oposición dentro y fuera del Congreso para que pasen estas iniciativas, sobre todo la del aborto. El proceso que hay que seguir no estará exento de presiones sociales, políticas e incluso personales. Yo misma he sido enfática en que probablemente jamás me practicaría un aborto. Sin embargo, no se trata de traer posturas personales a la mesa, sino de legislar por los derechos humanos. Así que no nos queda más que reforzar nuestra unión, resistir e insistir. La razón jurídica nos asiste, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido bastante explícita al señalar que es inconstitucional sancionar a las mujeres y personas gestantes por abortar. Desde el Poder Legislativo no tenemos más alternativa que reformar nuestro marco normativo para facilitar el trabajo de las y los jueces y que la entidad no se encuentre en un estado permanente de contradicción constitucional.
Los motivos de salud y seguridad pública abundan para no dudar ni un segundo en despenalizar el aborto. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) ha sido muy clara e insistente en que no se puede condicionar el aborto a casos de violación. A estos llamados se suman otras instancias federales como la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de Salud a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. La cuestión es clara: en entornos de sistemática violencia contra las mujeres -en Guerrero se ha activado dos veces la alerta de género- la despenalización del aborto puede ser un instrumento de política pública útil para hacer frente a este problema. Por un lado, el derecho penal se debe orientar a sancionar feminicidios y cualquier forma de violencia contra las mujeres. Usarlo para encarcelar a quien interrumpe su embarazo es un sinsentido y un acto abiertamente injusto e inconstitucional. Por otro lado, permitir la interrupción del embarazo antes de las doce semanas impactará positivamente en las elevadas tasas estatales de mortalidad materna (60 por cada 100 mil nacimientos) y fecundidad forzada en adolescentes (4 nacimientos por cada mil niñas).
Despenalizar el aborto implica dar un paso significativo en la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. ’Que sea ley’ es mucho más que una demanda o un lema de las colectivas feministas, es un imperativo categórico de una sociedad y un estado que se precian de ser democráticos. Es el primer paso para avanzar en una justicia reproductiva que garantice el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Aprobarlo nos permitirá acabar con debates estériles y concentrar la atención institucional en erradicar toda forma de violencia contra las mujeres.
El aborto legal, libre y seguro será ley en Guerrero. Para ello, mis compañeras de MORENA y los diputados solidarios con la equidad de género estamos perfilando el dictamen y construyendo alianzas. Sabemos que el tema lo ha presentado nuestra bancada, sin embargo, se trata de un asunto pendiente de todo el Congreso, al que todas y todos los diputados y fracciones parlamentarias debemos responder.
Me queda claro que cada día que pasa sin legislación, es un día que seguimos violando derechos humanos. Cada día que pasa es un día más donde las mujeres mueren en la clandestinidad, es un día más donde las mujeres son obligadas a parir, es un día más de violencia. Las historias sobran, urge despenalizar. Confío en que pronto se habrá de celebrar un acto de justicia y saldar una añeja deuda desde el Congreso de Guerrero.