El Consejo de Juristas del Estado de Guerrero sesionó este martes como cada semana, donde estuvo como invitada especial Irma Graciela Lee Hernández, jueza del Segundo Juzgado de lo Familiar, quien trató el tema de la pensión alimenticia en el divorcio de las parejas, lo que explicó que en teoría se debería resolver de forma sencilla, pero que en la práctica, resulta todo lo contrario.
En el restaurante Barra Vieja, el coordinador del Consejo de Juristas, Alfredo Pérez Zárate, dio la bienvenida a Lee Hernández, donde señaló que para esta etapa de fin de año, cada semana tendrán a un invitado especial en diversos sectores de la sociedad, por lo que recalcó el compromiso de los litigantes por defender las causas justas y pugnar por el respeto a los derechos humanos de los guererenses.
En su intervención, la jueza de lo familiar manifestó que la pensión alimenticia es un trámite que en teoría debería ser sencillo, en el entendimiento de que cuando una pareja se disuelve, el padre está obligado a proveer la manutención para los hijos, no obstante, los intereses complican el asunto, lo que muchas veces se alarga ante la necedad de las partes de llegar a un acuerdo.
A pregunta expresa a la jueza, sobre el por qué los casos no se homologan en todos los juzgados de lo familiar, Irma Graciela Lee comentó que "es imposible dar el mismo trato a alguien que no tiene un trabajo fijo, como un taxista o un comercuante, a un profesionista o funcionario con mayor poder adquisitivo, por lo que el objetivo es garantizarle la manutención a la esposa y los hijos conforme al nivel socioeconómico de los mismos".
En la sesión de los juristas, donde festejaron con un pastel el cumpleaños de la jueza, también estuvieron el vicepresidente del Colegio de Abogados Penalistas del Estado de Guerrero, Juan Luis Juárez; el presidente del Colegio de Abogados "Mariano Otero", Rigoberto Gallegos Contreras; el vicepresidente del mismo, Jesús Antonio Lemus Beltrán; la presidenta del Colegio de Abogados "Ignacio Manuel Altamirano", Rosa Mirta Hernández Nava; María Guadalupe Figueroa Melo, Colegio de Asociación de Profesionistas para un Bienestar Social; Salomé Gutiérrez Aguirre, presidente de la Barra de Abogados de Acapulco, entre otros litigantes.