Es cierto que el campo es la actividad económica más descuidada y paradójicamente, también es la de mayor relevancia para nuestra subsistencia. Es una realidad en México y en el mundo en general. Existe sin embargo, un silencio cómplice entre autoridades y productores, porque aunque las décadas se siguen sumando al calendario, los más vulnerables de dicho sector siguen sin ser puestos en el centro de la discusión pese a representar casi toda la mano de obra empleada en los plantíos: los jornaleros.
Porque para los jornaleros, las condiciones de exploitación que se tenían antes de la Revolución no han visto mayores cambios incluso en el México del Siglo XXI: aún lidian con la explotación, las tiendas de raya, la incertidumbre, la invisibilidad y sobre todo, con el hambre.
Según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 3.42 millones de personas se dedican a actividades agrícolas y ganaderas, teniendo como cifra oficial, la de 2.4 millones de jornaleros. Pero la realidad es que otras estimaciones colocan a esta última fuerza laboral en las 5 millones de personas, pues familiares de los trabajadores tienen que labrar el campo si quieren comer y a ellos no llegan los censos de población y vivienda básicamente porque carecen de un lugar fijo dónde habitar. No tiene hogar, ni tierras ni bastas concesiones de agua. Su falta de documentos es también un impedimento para que les lleguen apoyos sociales.
Los jornaleros trabajan tierras que no son suyas, sufren explotación con pagos menores al salario mínimo y encima no es raro ver que les son cobradas cuotas por dormir en los mismos sembradíos, además de verse obligados a adquirir comida en su mismo lugar de trabajo para no descuidar su ingreso, pues si no trabajan a cuotas infrahumanas, simplemente no comen. Esa combinación de factores convierte los cultivos en tiendas de raya modernas donde su ingreso apenas les alcanza para lo más básico, y a veces ni eso…
Regresando a las cifras mencionadas, 5 de los 6 millones de trabajadores que laboran el campo, es decir, 8 de cada 10 trabajadores que labran la tierra, son jornaleros. Aún hoy en 2025, su ingreso mensual promedio es apenas superior a los 3 mil pesos, apenas y tuvieron oportunidad de completar la educación primaria y su edad promedio es de 49 años -sin contemplar a aquellos jornaleros que no pueden ser medidos-.
Ellos no van a marchas, no tienen voz y mucho menos derechos. Son explotados por productores agropecuarios quienes nunca los pondrán en el centro de los discursos porque gracias al abuso hacia ellos es que los agricultores, con todo y los precios bajos que se pagan por una producción donde el mayor lucro lo obtienen los intermediarios y los líderes campesinos, es que aún pueden obtener ganancias.
Su trabajo tampoco es fijo, es por temporada que nunca se prolonga más allá de los 6 meses. Suelen migrar de a poco hacia el norte del país para encontrar mejores condiciones y quién sabe, en una de esas tienen la fortuna de cruzar el Río Bravo.
Su misma forma de vida provoca que no tengan nacionalidad, no porque no tengan presentes sus orígenes, sino porque es un lujo que les dan los papeles robados o extraviados en alguna parte del camino. Viven para trabajar y al encontrar como compañeros migrantes centroamericanos, sus costumbres se entremezclan, se sincretizan.
En algún punto se hablará de ellos, pero hoy no. Porque ahora la preocupación no es el precio de venta de la cosecha ni la inseguridad que viven grandes productores, pues finalmente subsisten si explotan aún más al jornalero; ahora la discusión se centra en la perpetuidad de la privatización del agua durante el salinato que permite comerciar y subarrendar el vital líquido, cosa que la nueva propuesta de Ley quiere erradicar, pero que los conservadores se oponen a que se consume.