En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, se ha denunciado una red de irregularidades administrativas que compromete la legalidad de la gestión pública, operando bajo un esquema de impunidad donde se emplean a funcionarios que carecen de los conocimientos, la experiencia y la profesión adecuada para sus cargos.
Esta crisis de legitimidad ha escalado al grado de que instituciones bancarias han desconocido actos oficiales de la administración; tal es el caso del cheque número 472 de BBVA, emitido el 28 de mayo de 2025 por la cantidad de $1,180,602.59 pesos para el pago de un laudo laboral.
Tras cuatro años de juicio, el documento no pudo ser cobrado porque el banco determinó que la firma de la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, era apócrifa, sellando el título de crédito con la leyenda "Devuelto por la causa No. 4 Firma".
Esta anomalía financiera se suma a una estructura burocrática donde áreas jurídicas clave están ocupadas por personal sin cédula profesional.
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Mario Silva Orozco, y el Sub-Director Operativo de la misma dependencia, Saúl Barajas Salazar, se ostentan como abogado y licenciado, respectivamente, sin contar con registros ante la SEP.
Casos críticos se repiten en la Autoridad Investigadora (antes Asuntos Internos), donde Erick Salvador Sahagún Rodríguez realiza funciones de abogado siendo ingeniero industrial, y Nalleli Jazmín Hinojosa ejerce labores legales contando únicamente con una carrera técnica como asistente directivo. Asimismo, se señala que Severino Hernández Reyes desahogó audiencias y dictó resoluciones durante años sin título, afectando procesos de numerosos policías.
Estas omisiones transgreden el artículo 5° del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno, que exige título profesional para el ejercicio del cargo, así como la Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales del Estado de Jalisco, que obliga a los profesionistas a señalar su número de cédula en toda papelería oficial y faculta a las autoridades a rechazar la intervención de quien no acredite su profesión.
Ante la gravedad de estas irregularidades, la Fiscalía General de la República ha integrado la carpeta de investigación 2716/2025, turnada a la Ciudad de México por la Fiscalía Especializada en Control Competencial.
La denuncia señala presuntos delitos de abuso de autoridad por negar servicios obligatorios, falsedad en informes de amparo y el libramiento de cheques rechazados. Trasciende que, bajo la Ley de Amparo, los servidores públicos municipales involucrados, incluyendo al Tesorero Jorge Alberto Méndez Salcedo y al Contralor José Guadalupe Caro Calderón, podrían enfrentar sanciones de hasta diez años de prisión por desacato, es decir, incumplimiento de sentencias y resistencia a mandatos judiciales.