Ahora, la defensa de Emilio Lozoya Austin –quien fuera director general de Pemex del 4 de diciembre de 2012 al 8 de febrero de 2016– ha amenazado con exponer públicamente diversos contratos, compras y licitaciones de la petrolera y sus filiales en los que tendrían responsabilidad no sólo los integrantes del Consejo de Administración –cuatro de ellos de alto perfil, por haber sido secretarios de Estado–, sino también el propio expresidente Enrique Peña Nieto.
Según lo declarado por el abogado de Lozoya Austin –Javier Coello Trejo– al diario Reforma (12 de junio de 2019), la defensa prepara un reporte detallado de las corruptelas que ocurrían en Pemex. El tema es relevante porque podríamos estar a días de conocer no sólo los pormenores de la creación del Centro Nacional de Control de Gas Natural, sino también de la ’estafa maestra’, como se le conoce periodísticamente al esquema fraudulento que utilizaba universidades públicas para triangular contratos con empresas sin experiencia o de plano fantasmas.
Sus principales orquestadores se ubicaron en las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Urbano y Territorial, con Rosario Robles al frente. En el caso de la petrolera, fue Pemex Exploración y Producción la subsidiaria implicada.
Y resulta que en Pemex, con Lozoya al frente, el Comité de Auditoría del Consejo de Administración documentó anomalías ligadas a este esquema desde septiembre de 2015. De ello dan cuenta los informes y escritos relacionados con la auditoría interna 172/2015.
Las observaciones
En su reporte de hallazgos, la auditoría da cuenta del contrato 420404811, a favor de la Universidad Tecnológica de Tabasco, para la realización de actividades de apoyo administrativo.
Al respecto, documenta que esta contratación “se justificó con el oficio DCA-SRHRL-GOC-797-2014, de la Gerencia de Organización y Compensaciones de la Subdirección de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la anterior Dirección Corporativa de Administración, que indica que en el área solicitante ‘sí existe personal con el perfil adecuado, más no así la cantidad de recursos para atender todos los frentes de trabajo en la Coordinación de Administración de Recursos así como en las demás Gerencias adscritas a la SDSS/STPA [Subdirección de Desarrollo Sustentable, Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, de PEP]’”.
Por ello, refiere el reporte, se contrataron los servicios de “asistencia técnica especializada”, y agrega que los entregables fueron reportes mensuales que describían las actividades realizadas. Los auditores internos analizaron esa documentación y descubrieron que no se justificaba el contrato: se trataba de “actividades eminentemente administrativas, las cuales en su mayoría no requieren de un conocimiento técnico especializado”.
Y es que la Universidad brindó “apoyo en la conexión de videoconferencias, seguimiento y envío de requerimientos de información, integración de acuses de recibo electrónico de los trabajadores que presentaron su declaración patrimonial, control de las aportaciones del personal a la colecta de la Cruz Roja, llenado del formato Excel para solicitar los recibos deducibles de la misma, coordinación del sorteo de números de premios de la propia colecta, análisis de documentación, clasificación y archivo por fecha y destinatario, apoyo en la captura del Módulo del Sistema de Administración de Correspondencia, elaboración de informes y presentaciones ejecutivas, administración del uso de computadoras, impresoras y plotter, entre otras”.
Para los auditores, las labores se podían cubrir con personal secretarial o de apoyo administrativo. Aunado a lo anterior, señalaron que se pagó en demasía a la Universidad: “los costos que se pagan en este contrato es de 5 mil 927.71 por jornada para los especialistas ‘A’ y de 5 mil 264.80 para especialistas ‘B’, que arroja un importe mensual por 22 jornadas laborables de 130 mil 410 y 115 mil 826 pesos, respectivamente, lo cual se considera elevado, pues comparado con el costo de un empleado de Pemex de nivel 39, incluyendo todas las prestaciones e ingresos anuales para 2014, fue del orden de 98 mil 750 y de un nivel 36, de 72 mil 800 pesos”.
La critica de los auditores fue más allá, pues indicaron que incluso esos montos eran demasiado altos para “actividades que deben realizar secretarias, personal de apoyo administrativo e incluso personal becario, este último con un costo mínimo para la empresa”.
Pero esos resultados parecen haber sido ignorados por la cúpula en la petrolera y en el gobierno federal, pues hasta ahora los altos funcionarios involucrados no han enfrentado la justicia, a pesar de que en enero de 2016 ese expediente de la auditoría interna llegó a las manos del ingeniero Alejandro Martínez Sibaja, director general de Pemex Transformación Industrial; del licenciado Rodulfo Figueroa Alonso, director corporativo de Planeación, Coordinación y Desempeño; y del ingeniero Juan Javier Hinojosa Puebla, director de Desarrollo y Producción de Pemex Exploración y Producción, entre otros.
Según lo declarado por el abogado Coello Trejo, toda decisión económica en Pemex era de conocimiento de Peña Nieto y, por tanto, de su propio cliente, por lo que ambos personajes tendrían detalles de estas contrataciones a universidades públicas. Pronto veremos qué revela Lozoya Austin y a quién embarra en el lodo de la corrupción.