El Poder Judicial del Estado de Jalisco, vuelve a violar el procedimiento judicial y con ello los derechos humanos del ciudadano México-americano, Jaime García García, de 83 años de edad, quien permanece recluido en el complejo carcelario de Puente Grande desde hace un año, sin un procedimiento formal en su contra y acusado, presuntamente, de matar a una menor de tres años en el municipio de Tizapán.
A pesar de tenerse programada, en tiempo y forma, la audiencia intermedia a realizarse el pasado lunes 5 de junio de 2023, en el Juzgado Tercero de Chapala a petición de un Juzgado de Distrito en Materia Penal, el titular de dicha instancia judicial en el municipio ribereño nunca giró los oficios correspondientes para el traslado del octogenario.
De este modo la defensa jurídica recurrió a un noveno amparo judicial para lograr la revisión del caso. Amparada en la justicia federal, ante los atropellos cometidos en la impartición de justicia en nuestro Estado.
Apenas hace unos días, el Presidente del Poder Judicial del Estado de Jalisco, Daniel Espinosa Licón, reconoció una serie de irregularidades del caso y ’efectivamente es una persona adulta mayor y se ha cuestionado si la medida cautelar de prisión es la correcta o no’.
Por su edad, la condición física y médica agravada por las lesiones inferidas en los hechos registrados el 4 de junio del 2022, García García padece al menos una decena de complicaciones en su salud, entre otras artritis, está sordo, casi ciego, además de ser hipertenso y diabético, requiere bastón y andadera.
El Presidente del Poder Judicial del Estado de Jalisco, precisó que, de acuerdo al titular del Juzgado Tercero de Chapala, que ha tardado un año en agendar la audiencia intermedia, ha resuelto que no hay las condiciones de seguridad para los vecinos, pues en el lugar donde se suscitaron los hechos viven los familiares de la menor fallecida.
Sin embargo, la defensa jurídica ha aclarado reiteradamente que, de concretarse la prisión domiciliaria, el señor García García, viviría en una casa en el municipio de Guadalajara.
El caso ha sido alterado, manipulado y falseado por las autoridades locales de Chapala, creando condiciones adversas para el detenido.