El secretario general del Ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodríguez, encabezó una mesa de trabajo con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Guerrero, quienes son representados por Manuel Antonio Rojas Cerro, e hicieron planteamientos referentes a la necesidad de una mayor participación en la ejecución de obra pública municipal.
En la sala de regidores del Ayuntamiento porteño, acompañado del secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Armando Javier Salinas y el subsecretario de Asuntos Políticos, Sociales y Religiosos, Marco Antonio Adame Bello; Manzano Rodríguez retomó los temas planteados por la CMIC Guerrero en encuentros previos con autoridades del municipio, por lo cual propuso dar continuación al diálogo, hasta llegar a acuerdos que sean congruentes con la realidad financiera que vive Acapulco.
’Tenemos que analizar, escuchamos nosotros las propuestas, tenemos que analizarlas y tomar una determinación una vez que se analicen, estamos precisamente en eso, en pláticas con ellos, venimos a atenderlos, a escucharlos, ellos también nos están planteando la problemática que tiene la cámara y nosotros los escuchamos de manera muy atenta y de esa manera también vamos a dar respuesta en los próximos días’, informó Manzano Rodríguez.
Al término de la reunión, los constructores y funcionarios dieron a conocer el acuerdo principal de mantener un diálogo abierto, mediante la política de puertas abiertas como uno de los ejes en el gobierno de la alcaldesa Adela Román Ocampo, quien se mantiene al tanto de los planteamientos de los constructores agremiados a la CMIC.
Aun cuando ya se confirmó la participación de los constructores locales en la ejecución de la obra pública que tiene planeado realizar el Ayuntamiento de Acapulco en este año, el planteamiento principal de los integrantes de la CMIC Guerrero es la de una mayor asignación de proyectos para su organización, de manera que sea en proporción al número de afiliados a cámaras y/o colegios de profesionistas.
Otro punto, es el pago del adeudo heredado por administraciones pasadas con los constructores, que asciende a unos 45 millones de pesos.
Por su parte, Rojas Cerros mencionó que sus movilizaciones obedecen a la preocupación del gremio por la caída en la inversión pública en todo el país, problemática que afecta a sus empresas.
’Esto no es privativo de la comuna, es una situación que hemos estado viviendo a nivel nacional, en los últimos años desde hace aproximadamente 4 años, ha venido cayendo la inversión en la obra pública a nivel federal, a nivel estatal y entonces el problema viene originado desde entonces’, concluyó.