Retomado de Milenio
RUBÉN MOSSO
Ciudad de México / 15.07.2020 00:10:34
La verdad histórica del caso Iguala se construyó con violaciones a las garantías y tortura: esa es la conclusión del informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), donde se mencionan los nombres de 72 personas que presentaron denuncias tras ser detenidos por las autoridades y después presentadas a la entonces Procuraduría General de la República por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Se trata de más de medio centenar de presuntos sicarios de Guerreros Unidos que, sin embargo, o han sido liberados o están en posibilidad de obtener su libertad, debido a las fallas al debido proceso cometidas por la PGR.
El ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, su esposa María Ángeles Pineda Villa, y Sidronio Casarrubias Salgado son algunos de los personajes que denunciaron violaciones a sus derechos y que están muy próximos a que se defina su situación jurídica, que puede derivar en su liberación, de acuerdo con funcionarios federales.
Los tres fueron señalados por el procurador Jesús Murillo Karam de ser los presuntos líderes de la organización criminal de Guerreros Unidos y de haber ordenado a los policías de su localidad y Cocula entregar a los estudiantes a un grupo de sicarios para matarlos.
En el informe publicado cuando Luis Raúl González Pérez era el presidente de la CNDH, se menciona que, de los 72 casos, ocho son por tortura.
Torturados
Uno de los torturados fue Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, presunto jefe de sicarios de Guerreros Unidos, contra quien existen señalamientos en el sentido de que dio la orden de matar a los normalistas.
MILENIO difundió el pasado lunes un video donde se ve al entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, interrogando de manera irregular a El Cepillo, cuando se encontraba sometido y con la cabeza cubierta por una prenda.
Antes de ser entregado al funcionario, se sabe que elementos de la Policía Federal que lo capturaron en el estado de Morelos lo torturaron.
Gildardo López Astudillo, El Gil, quien se presume ordenó secuestrar y matar a los 43 normalistas, es otro de los torturados.
En la sentencia del 30 de agosto de 2019, emitida por Juan Manuel Trespalacios Castán, secretario en funciones de juez, del juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, quien ordenó la liberación de El Gil, enumeró cada una de las pruebas con las que la PGR buscó sustentar su acusación y que obtuvo de manera ilegal.
La administración de Enrique Peña Nieto presentó 107 pruebas contra El Gil, pero casi 60 fueron obtenidas ilícitamente.
Al excluir pruebas ilegales, Juan Manuel Trespalacios determinó que con lo aportado legalmente por la PGR, no existía algo que condujera directa o indirectamente para acusar a El Gil del secuestro de los normalistas.
David Cruz Hernández, El Chino, bombero de Protección Civil en Iguala, detenido el 9 de octubre de 2014, es uno de los personajes clave del caso Ayotzinapa, porque permitió a la PGR llegar al basurero municipal de Cocula, donde se dijo que los normalistas fueron quemados.
Cruz Hernández conocido entre sicarios e informantes como el jefe de los halcones de Guerreros Unidos y quien mantenía comunicación directa con Eduardo Joaquín Jaimes, El Chucky, también fue torturado.
Aseguró que tras su detención por elementos de la PGR ’le sumergieron la cabeza en una cubeta con agua’. Después lo trasladaron a un hotel donde lo amarraron de pies y manos, y cuando intentaba dormir le echaban agua en la cara.
Las otras que personas que presentaron signos de tortura son: Carlos Pascual Cervantes, Eury Flores López, Francisco Javier Lozano Cuevas, Gabriel León Villa y Gilberto Parra Vargas
Por su parte, 28 personas fueron sometidas a tratos crueles, uno de ellos Carlos Canto Salgado, de quien existe un video donde se observa como es interrogado mientras se le coloca una bolsa de plástico en la cabeza.
A raíz de la difusión del video que se conoció en redes sociales, el ex director de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta, se separó de su cargo como subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán.
En marzo del presente año, un juez federal ordenó su aprehensión, además de que Interpol emitió una ficha roja para lograr su captura.
José Luis Abarca
José Luis Abarca denunció haber sido víctima de presuntos abusos, malos tratos y tortura, pero no por parte de los agentes de la Policía Federal que lo detuvieron en las inmediaciones de la delegación Iztapalapa la madrugada del 4 de noviembre de 2014.
Sino cuando se encontraba en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. A dicho lugar, llevaron a su hija, a quien se la pasaron por el frente, ’y la metieron a la que entiendo era oficina del entonces procurador’.
El ex presidente municipal fue llevado a un baño donde lo desnudaron; con un cutter le quitaron las mangas de su camisa y después se vistió.
Lo interrogaron durante tres horas, pero como no decía nada que les sirviera, los agentes le dijeron:
’Si no nos dices la verdad, ahorita voy a llevar a tu hija y a tu esposa allá afuera donde hay un grupo de personas o familiares de los estudiantes para que las maten, las violen y te las entreguen en pedacitos’. Mientras él, rogaba que no les hicieran nada.
Mientras que su esposa, María de los Ángeles Pineda acusó que los agentes la amenazaron con violar a su hija, ’si no colaboraba’.
’Uno de los señores dio la instrucción de que me taparan las cabeza con la mascada y me la amarraron al cuello muy fuerte por lo que sentí que me asfixiaba, que me ahogaba’, detalló